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Ley Sinde

Competencia casi perfecta no es transparencia

¿Cárcel, sanción, penas ejemplarizantes o política disuasoria? Desde el Ministerio hasta las entidades de gestión de derechos, nadie sabe todavía muy bien cómo hacer frente (si es que hay que hacer frente), a una de las actividades más extendidas entre los usuarios de Internet españoles: la descarga de archivos multimedia desde sitios web de alojamiento masivo. La ampliación casi ilimitada del tamaño de los archivos a descargar por usuarios anónimos, unida a la multiplicación de la velocidad de la red y la (¿falsa?) sensación de que en Internet todo es gratis, son el mejor abono para esta práctica.

Este texto fue publicado originalmente en Confidencialba, la web de Alfonso Piñeiro.

Una muestra, parcial pero inequívoca, de hasta qué punto se trata de una tarea casi rutinaria entre los internautas, se obtiene cuando se trata de buscar en el gigante Google enlaces que contengan los términos “descarga”, “películas” e “ilegal”. Podemos obtener en los primeros puestos de la búsqueda los links a largometrajes que contengan la palabra “ilegal” o “prohibido” en su título, o a discografías de grupos como “Los Ilegales”. Además de la ironía inherente, es fácil comprobar que los resultados no son los deseados.

La jurisprudencia al respecto, al margen de leyes antidescarga o normativas antipiratería, va sentando una línea de acción judicial: la descarga, por cualquiera de los procedimientos conocidos (streaming, P2P, descarga directa), no es delito en tanto en cuanto no exista ánimo de lucro. Véanse casos en geografías tan diversas como Badajoz o Italia.

Algunos de los foros más poblados de Internet, como los de Yahoo o Vagos.es, si bien con la necesaria distancia que se debe tomar frente a opiniones espontáneas y casi anónimas, aportan de manera casi unívoca la misma respuesta: la carga y descarga de archivos en Internet, con las películas en primer plano, es ilegal en su práctica totalidad, pues se trata de materiales no originales, o copiados sin permiso de sus autores, de quienes explotan sus derechos comerciales, o de las entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual.

Ahora bien. Algunas de las páginas más consultadas para la obtención de enlaces también son férreas en la defensa de su papel. “Los enlaces que figuran en esta web han sido encontrados en diferentes webs de videos online (megaupload.com , rapishare.com… ) y desconocemos si los mismos tienen contratos de cesión de derechos sobre estos videos para reproducirlos, alojarlos o permitir su descarga”, afirma una de las marcas más conocidas del sector, www.cinetube.es.. La mayoría de los usuarios, y quienes conocen de cerca el sector, dan por hecho la existencia de redes de captación de material videográfico para su puesta a disposición en Internet. Pero dicha acusación, para que pueda derivar en sanciones penales, ha de ser demostrada ante un juzgado.

En esta pugna entre usuarios, entidades, autores e instituciones (no siempre cada uno de esos actores en la posición que se le presupone), cuenta por el momento con un background importante en la defensa de los supuestos “derechos” de los usuarios. Ejemplo: el decálogo titulado “Las 10 verdades del P2P”, que puede ser localizado en multitud de páginas como esta.

Por su parte, una página de uso tan extendido como Wikipedia, en su información sobre alguno de estos servicios, como Megaupload, abunda en la descripción de los aspectos técnicos, pero no contiene ni una sola referencia a la legalidad o ilegalidad de su uso por parte de usuarios que desean ver películas de manera “gratuita”.

Mientras los internautas siguen haciendo uso de manera mayoritaria de una navegación que permanece en el limbo legal, el futuro audiovisual apunta algunas tendencias que, en todo caso, obligan ya a un reposicionamiento de la industria audiovisual. Es el caso de Google TV, o de algunos Media Center como el de Apple. En la era de la superabundancia de los contenidos, el mercado audiovisual busca deshacerse de ataduras. El régimen será de competencia más o menos perfecta, pero no será transparente mientras no existan legislaciones específicas. Y eso es, precisamente, lo que está en juego.

 

 

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