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Ubers_legal_issues_2015-02-06

Sobre la economía colaborativa: Dónde están los límites

Nota de SocialBrains: el siguiente texto es un artículo de fondo firmado por Pablo F. Iglesias, con elementos de opinión que suelen ir más allá de lo habitual en este blog. Aunque probablemente este disclaimer no sea necesario, lo hacemos notar para la mejor comprensión de este post.

Estos días ha corrido como la pólvora un vídeo en el que la formación política Podemos atacaba a algunos de los referentes de economía colaborativa del sector de los transportes: Uber y Cabify, con las declaraciones de Rafa Mayoral ante un nutrido grupo de taxistas, refiriéndose al riesgo que supone “para un sector laboral como el del taxi“, y “el atentado contra el sistema fiscal” de nuestro país.

 

La postura de Podemos rema en contra a la que precisamente el día anterior proponía la Comisión Europea, abogando por encontrar un equilibrio que satisfaga a las dos partes:

 “Las prohibiciones absolutas de una actividad sólo deberían imponerse como último recurso”.

Y es que como comentábamos precisamente la semana pasada, el verdadero sino de la economía colaborativa no pasa por la evasión fiscal (no inherente en su forma de operar, como veremos a continuación), sino en la capacidad que tiene el colectivo de aprovechar los recursos a nuestro alrededor hasta ahora infrautilizados.

Podemos ejemplifica en compañías como Uber o Cabify el Caballo de Troya que supone la implantación del TTIP (ES) en Europa, que dota de mayores libertades a las empresas externas a costa de los derechos de sus usuarios y clientes, y parte de razón no les falta.

Hay que entender que para que un servicio de economía colaborativa funcione, el marco legal donde está recogido debe contemplar la flexibilidad que supone tener “un trabajador” no sujeto exclusivamente a nuestra compañía, pero que a efectos prácticos la representa, y que motivo de ello, tenga algunos de sus derechos.

Es decir, nos movemos en un escenario a medio camino entre el autónomo y el trabajador a cuenta ajena, con un equilibrio difícil de hallar.

Donde no puedo estar de acuerdo es en la supuesta relación de la economía colaborativa con el fraude fiscal.

¿Qué estas empresas no están pagando todos los impuestos que debieran en el país en el que operan? Sabemos (ES) demostraba recientemente que Airbnb solo declara 108000€ en España, y se presenta legalmente como una empresa de marketing y objetivos de mercado, pese a que en efecto está cobrando comisión con cada alquiler.

El problema, sin embargo, no atañe únicamente a estas empresas, sino a las estrategias que sigue a día de hoy cualquier multinacional, amparándose en el complejo escenario legal en el que se mueven. Si Uber o Airbnb, si Google o Microsoft declara aquí menos de lo que en verdad están operando, es gracias a un sistema que está permitiendo que cualquier empresa multinacional tribute en países más rentables (como Irlanda) y opere en el resto de países, gracias a que los países tienen la potestad de hacer la vista gorda rebajando y flexibilizando su sistema fiscal para resultar atractivos a estas compañías (menos es mejor que nada).

¿Es un fraude fiscal? Sí, pero legal. Y hasta que esto no se cambie, no podemos denunciar a un departamento contable de una de estas compañías por hacer todo dentro de la legalidad para que su compañía sea lo más rentable posible.

El otro punto que queda por tocar atañe a la supuesta relación de la economía colaborativa con el fraude fiscal de sus trabajadores. De la existencia de falsos autónomos, que encuentran en este nuevo negocio una manera de obtener beneficios económicos sin declararlos.

Y aquí, de nuevo, tengo una de cal y otra de arena.

Cualquier transacción realizada en un servicio de economía colaborativa queda registrada. Es tan sencillo como que el organismo competente (Hacienda, por ejemplo) pida acceso a esos datos, para demostrar que en efecto el señor Fulanito ha ingresado tanto gracias a X compañía.

Cosa, por cierto, que no ocurría hasta ahora en muchos de estos sectores, al no haber registro real entre trabajador y cliente más que cuando el segundo requería una factura del primero.

Donde sí creo que falta movimiento es a la hora de considerar cuál es el límite entre algo que hacemos simplemente como medio para optimizar un recurso infrautilizado, y aquello que pasa a ser un trabajo.

Entiendo que no debería ser lo mismo una persona que dedica entre dos o tres horas semanales a realizar viajes en Uber, quizás como manera de aprovechar esos viajes para sus propias necesidades, de aquellos que encuentran en Uber un trabajo a media jornada o jornada completa.

Que a su vez, los segundos cuenten no solo con unas obligaciones específicas (¿quizás la obtención de algún tipo de licencia que los acredite profesionalmente para desempeñar ese trabajo?), sino también de unos derechos con los que a día de hoy no cuenta.

Y que con todo esto, el coste siga permitiendo a este servicio ser competitivo en el mercado en el que se mueve.

De encontrar los límites y planificar las características de los mismos. Algo que de nuevo, entiendo, podría realizarse en base al tiempo dedicado/ingresos obtenidos a los que una administración podría obtener acceso.

De esta manera, separamos el apartado puramente de la economía colaborativa, de aquella profesionalización de la misma, cubriendo las dos casuísticas más diametralmente opuestas, y dotando al sistema laboral de un marco regulatorio flexible y necesario para los tiempos que corren.

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